Latinoamérica. Lejos de ser un lujo para economías avanzadas, la gestión de una ciudad por la lógica de la proactividad reduce costos colaterales para los municipios.
Según resalta Paulo Santos, Gerente de Soluciones de Axis Communications, el modelo reactivo de gestión de los servicios públicos tiene un costo difícil de percibir. Cuando un semáforo cambia a verde durante dos minutos sin que ningún vehículo pase, mientras que la calle transversal está llena de conductores que pierden tres horas por día en el tránsito en un embotellamiento evitable, hay una pérdida financiera invisible. Este impacto económico es más evidente al analizar todos los servicios brindados al ciudadano.
Cuando la previsión es de tiempo seco y la contaminación del aire se agrava, haciendo que las personas llenen los centros de salud por problemas respiratorios y menor perspectiva de vida, hay un perjuicio que no es tenido en cuenta. Cuando la falta de monitoreo incentiva a conductores a manejar por encima de la velocidad permitida y ocurren atropellos o caídas de moto que requieren atención de emergencia y cirugías, hay una cuenta que el contribuyente debe pagar. Cuando un paciente con heridas leves es llevado por la ambulancia a un centro de atención crítica superpoblado, también hay una gestión ineficiente de los recursos públicos. Así como hay un costo difícil de calcular cuando una ciudad sostiene índices bajos de crímenes resueltos por la dificultad de investigación policial. Este es el peso oculto de la gestión pública reactiva.
El modelo proactivo de gestión es la lógica detrás del concepto de Smart City. La gestión inteligente de incidentes implica una detección rápida y automática de un hecho en una ciudad, e incluso una detección de indicios o tendencias antes de que algo ocurra. Esta detección temprana se puede realizar por cámaras y sensores (de contaminación, radiación, identificación de tiroteo, vidrios rompiendo etc.), que generan alertas. La ciudad se convierte en un mapa vivo que genera información desde múltiples puntos. En el corto plazo, esta información puede llevar a una toma de decisiones a favor de la optimización de los recursos públicos. A largo plazo, ayuda a desarrollar un trabajo preventivo que reduce costos.
Un buen ejemplo de reducción de costos en el concepto de ciudad inteligente es el sistema de iluminación. Para ahorrar energía, la iluminación en las calles puede ajustarse según el flujo de vehículos y peatones. Otro ejemplo es el uso de botones de emergencia en áreas de gran circulación de personas y vehículos: el ciudadano aprieta un botón iluminado para llamar directamente a una central de control, con la que se comunica por audio y video a pesar del ruido en el entorno. Cuando el poder público entiende la real gravedad de lo que ocurre, logra evitar desplazamientos innecesarios.
Un tercer ejemplo es la rapidez en la captura de vehículos robados. La víctima reporta el robo (usando, por ejemplo, una aplicación) y, a la hora, la policía se entera por donde el vehículo robado está circulando, gracias a la tecnología de lectura de placas. Luego, se prepara un operativo de bloqueo y el vehículo es interceptado antes de llegar al destino, evitando el costo de la investigación policial e incluso el costo del seguro del vehículo. En lugares con altos índices de robo de cargas, hasta el valor de la entrega de productos comprados en línea puede ser mayor para compensar las pérdidas.
En definitiva, una ciudad es inteligente cuando favorece la calidad de vida. Y una administración pública orientada a la prevención y optimización de recursos logra hacer más con menos, e incluso mejorar su reputación como destino turístico y de inversiones privadas.
