Chile. El Gobierno de Chile dio a conocer el nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública la cual fue presentado por el presidente, Gabriel Boric, y que propone más de 33 medidas específicas para el fortalecimiento institucional y la gobernanza en materia de seguridad pública, la prevención del delito, mejorar la información disponible, proteger y acompañar a las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos.
Esta presentación también contó con la participación de la ministra del Interior, Izkia Siches, y las principales autoridades judiciales, de persecución penal, policiales y del sector público con injerencia en materias de seguridad del país.
La ministra Izkia Siches, explicó que el plan se realizó con base en un diagnóstico que fue construido con la estrecha colaboración de alcaldes y alcaldesas, “atendiendo a prioridades territoriales como son los delitos fronterizos en el norte de nuestro país; los robos con violencia en las zonas urbanas; las particularidades de cómo se comportan las redes de narcotráfico en el norte, centro y sur de Chile; la preocupante alza de delitos con armas de fuego; o las necesarias medidas para abordar los casos de violencia intrafamiliar”.
En ese sentido, el Presidente explicó que este plan viene a actualizar los existentes, para que se adecuen a la situación actual: “Hoy día tenemos el deber de actualizarlo, porque ha cambiado mucho el país y ha cambiado la delincuencia. Tal como lo he dicho durante toda esta gira a Arica, no vamos a permitir que la delincuencia siga creciendo y ganado espacios”.
Principales ejes del plan
Materias administrativas y legislativas
En materia administrativa y legislativa, destacan el impulso a la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso durante el mes de julio de indicaciones para su tramitación, avanzar en la Reforma a Carabineros, reformar la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol de los municipios en seguridad, impulsar la Ley de Seguridad Privada y crear una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije una ruta país en esta materia para los próximos 10 años.
Prevención del delito
En el ámbito de Prevención del Delito, se busca avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país, para disminuir las desigualdades existentes entre municipios en materia financiera, operativa y de infraestructura para la prevención de delitos y la seguridad. Para ello, se crea un Sistema Nacional de Seguridad Municipal como mecanismo de apoyo estable a estos y orientado a fortalecer sus capacidades.
Redistribución recursos policiales
Además, se implementará una redistribución de los recursos policiales, se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios para fortalecer el trabajo coordinado en esta materia, y se crean grupos de trabajo operativo para la coordinación público-privada en seguridad, además de la incorporación de principios de equidad de género en materia de seguridad, entre otras materias.
Mejora en la información de los delitos
Asimismo, se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando los denominados “Delitos de Mayor Connotación Social” con nuevas tipologías delictivas y grupos específicos de análisis, y se modernizará y perfeccionará la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
Protección a víctimas
En materia de protección a víctimas y Derechos Humanos, se creará el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos, se amplía el número de centros de atención para ellas, y se expanden los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.
Política nacional contra el Crimen Organizado
En cuanto al combate del crimen organizado, se crea una Política Nacional contra el Crimen Organizado para el combate frontal a estas organizaciones y desbaratar sus redes, confiscar sus bienes de capital y destruir su logística. Para ello se fortalecerá el sistema de inteligencia financiera y se trabajará en la coordinación intersectorial.
Control de Armas
En materia de control de armas, se propone un plan de 7 dimensiones, que considera: fortalecer la persecución penal; fiscalización de armas y municiones; la creación de sistemas para su trazabilidad; mejorar el control de las armas en poder del Estado, reforzar el control en fronteras e inteligencia financiara, que busca mejorar los registros de información de grupos de interés. En lo que se refiere a las armas del Estado, se estableció que cada rama de las instituciones armadas conformará un registro de las armas y municiones a su cargo, además de una revisión y actualización de protocolos de cautela y de procedimientos de eliminación de armas.
Orden Público y recuperación de espacios
Adicionalmente, el plan contempla una serie de medidas de orden público y recuperación de espacios públicos, con acciones para la persecución policial y penal de bandas y organizaciones criminales detrás del contrabando y del comercio ilícito en espacios públicos, entre otras.
“Las medidas resultan ineficientes”
Felipe Martínez, Asesor en materias inherentes a Seguridad Privada, Experto en Análisis de Seguridad, asesoría legal y estratégica en materias de seguridad, vigilancia y protección, comentó a Ventas de Seguridad "que esta iniciativa es un gran avance pero las medidas resultan insuficientes dado el escenario actual".
Dice que en materia de seguridad privada, al menos en este texto, no se aprecia un real fortalecimiento de la coproducción de seguridad desde la perspectiva de la seguridad misma, es decir, las medidas ponen el foco en la fiscalización y regulación, más que en la contribución y atribuciones.
Felipe también describió algunos puntos importantes que consideran hacen falta en este proyecto:
- Fortalecimiento de las atribuciones de la seguridad privada como órgano coproductor de seguridad pública.
- Aumento de las penas por delitos cometidos en contra de componentes de seguridad privada en el desempeño de su función.
- La creación de la Superintendencia de Seguridad Privada como único ente rector y fiscalizador de la actividad de seguridad privada y organismos auxiliares (carabineros y PDI).
- Proyecto de carrera funcionaria de Seguridad Privada, más allá del registro nacional de guardias y funcionarios.
Finalmente, Felipe asegura que desde el Colegio de Profesional de la Seguridad Privada impulsarán la participación activa “para contribuir y lograr tener una Ley de Seguridad Privada moderna y con una institucionalidad permanente, que permita ser complemento eficiente y eficaz de la Seguridad Pública de Chile”.
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