Argentina. La Central de Operaciones y Monitoreo fue inaugurada en 2012 con una fuerte inversión del Gobierno provincial que buscó así prevenir delitos. Oficialmente, se desconoce porque no funcionan en su mayoría y sí lo hacen unas pocas en puntos estratégicos de esta capital. El control del servicio técnico depende del ministro de Gobierno, Gustavo Martínez.
El Comando Radioeléctrico cuenta con un total de 56 cámaras de monitoreo instaladas en puntos críticos definidos por el mapa del delito de la ciudad y en un principio, el número de equipos pensó extenderse a 200 máquinas.
La firma Espacios SRL, la misma que llevó adelante la instalación del Programa Conectados con el progreso, fue la encargada de la puesta a punto de la Central de Operaciones y Monitoreo, que delegó en la Policía de Santa Cruz un radio de cobertura de la zona céntrica y los accesos principales de la ciudad.
La fuerte apuesta del Gobierno fue clara: dotar a la fuerza de seguridad de tecnología para mejorar el servicio de seguridad pública que, de este modo, cuenta con imágenes en alta definición para individualizar a quienes incurran en conductas delictivas.
Según el medio de comunicación local Tiempo Sur, en el medio hubo problemas técnicos para poner en marcha el sistema y hasta se denunció “sabotajes” en la fibra óptica, pero a casi tres años de su implementación y a excepción de sólo cuatro, una de ellas orientada a la AFIP, otra sobre Perón y las dos restantes en cercanías de la ría y Casa de Gobierno, el resto de las cámaras no estarían funcionando.
Un gabinete técnico dirigido por un ingeniero en software y acompañado de analistas de sistemas iban a llevar adelante el análisis de las imágenes que, por orden de la justicia fuesen requeridos bajo la premisa de esclarecer diferentes hechos, sin embargo, al día de hoy los fiscales siguen remitiendo oficios a los medios de comunicación para que colaboren con material.
El sistema integral de videovigilancia urbana tuvo un llamado a licitación de la cartera de Gobierno, a través de la Jefatura de Policía, que demandó un presupuesto oficial de 2,5 millones de pesos.
Según expresaba el pliego licitatorio la implementación se daría en tres etapas. Durante los primeros sesenta días se instaló el sistema de tendido de fibra óptica para el enlace de las 56 cámaras de video vigilancia en postes o columnas de la ciudad y se armó el centro de monitoreo.
En la segunda etapa, se estipuló un plazo de 120 días para la provisión de al menos veinte de las cámaras solicitadas, 15 fijas y 5 domos, además del inicio de la capacitación del personal que estaría a cargo del sistema.
En la última etapa prevista en la licitación, debían instalarse las restantes 30 cámaras fijas y 6 cámaras domos.
Lo cierto es que según se estipula en la reglamentación del sistema de vigilancia urbana, el control del servicio técnico de las cámaras de seguridad depende del Ministerio de Gobierno, a cargo de Gustavo Martínez.
