México. Aunque la entrada en vigor de la reforma laboral para eliminar el outsourcing se prorrogó hasta el 1 de septiembre, unas 3 mil 500 empresas de seguridad privada, que actualmente no son fiscalizables, están en riesgo de quedarse sin el Registro como Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), porque se enfrentan a una sobrerregulación imposible de cumplir, señaló el Lic. Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
“No es que los empresarios del sector no quieran cumplir con la normatividad, sino que existe un cúmulo de leyes en materia de seguridad privada incumplibles porque son asimétricas entre sí”. Tenemos una ley de carácter federal, 32 de carácter estatal y otras de carácter municipal. Esa asimetría jurídica genera problemas legales al sector, que se traducen en un incremento de empresas que operan al margen de la Ley, a las que comúnmente se les conoce como empresas patito”, señaló el presidente del CNSP.
Agregó que actualmente existen unas 6 mil empresas de seguridad privada que generan el 1.4% del PIB del país y dan empleo a unos 500 mil elementos, sin embargo, el 56% de ellas, operan de forma ilegal porque no pagan impuestos ni brindan seguridad social a sus empleados. Para formar parte del padrón de la STPS estas empresas deberán demostrar que se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit); de lo contrario, unos 250 mil guardias de seguridad privada podrían quedar en el limbo.
Por otro lado, las empresas de seguridad, además de la sobre regulación se enfrentan a la competencia desleal de las policías auxiliares, quienes se ven favorecidas por su marco legal, el cual las reviste de una regulación especial. Por una parte prestan servicios de carácter público, al ser una función a cargo del Estado y por otra se les permite prestar servicios privados de seguridad a particulares, quienes pagan una contraprestación económica por esos servicios, mismos que ponen a disposición de un tercero, ya sea para cuidar sus instalaciones o para trasladar valores, beneficiándose así el particular con el servicio especializado, cuyo servicio en todas las ocasiones no forma parte del objeto social ni de la actividad preponderante del beneficiario.
Por su naturaleza dichas policías, a pesar de prestar servicios a particulares, no están obligadas a obtener el registro ante la STPS como el sector privado en materia de seguridad, poniendo en gran desventaja a la seguridad privada. A la fecha ninguna autoridad tiene intención de vigilar, supervisar ni regular las actividades realizadas por éstas; ya sea para regular que las policías auxiliares solamente presten servicios de carácter públicos o dichas policías se regulen normativamente bajo los mismos ordenamientos y requisitos para la prestación de servicios de seguridad privada a particulares.
En esa tesitura, la prórroga del 1 de agosto al 1 de septiembre realizada por los legisladores es insuficiente para que las empresas logren regularizarse, ya que de 4.5 millones de mexicanos que se estima están subcontratados, unos 3 millones no habían sido migrados, por lo que corren el riesgo de caer en el desempleo. En tanto, según la Coparmex, 400 mil empresas utilizan el esquema de outsourcing, de las cuales, hasta hace unos días, faltaban 387 mil 500 por registrarse.
Sapién Santos resaltó que el principal impedimento que tienen las empresas de seguridad privada para cumplir con la ley radica en la sobrerregulación y sobre tributación que existe en el sector. En ese sentido, celebró que recientemente, mediante una reforma constitucional, se haya facultado al Congreso para expedir la Ley General de Seguridad Privada.
“Esta Ley definirá la normatividad para regular a los prestadores de este servicio en el ámbito nacional, marcará los lineamientos generales para todos los estados de la república y establecerá los lineamientos de coordinación entre la federación, los gobiernos estatales y municipales y los prestadores de servicios, para que las legislaciones locales sean congruentes con la Ley de carácter federal”, detalló.
En referencia a las reformas aprobadas en materia laboral que prohíben la subcontratación de personal, aclaró que sí se permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte de la actividad preponderante, siempre y cuando la empresa formalice un contrato por escrito, señale el número de trabajadores que participarán y esté previamente inscrita en el REPSE.
Finalmente, Raúl Sapién, Presidente del CNSP, comentó que la Ley Federal del Trabajo establece multas de hasta 4 millones 481 mil pesos para las empresas que operen sin tener dicho registro y la misma sanción podrá ser aplicable para quien subcontrate un servicio que no esté inscrito en el padrón.
* Nota proporcionada por el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
