Existe una enorme diversidad de delitos cibernéticos, más de la que los usuario promedio conocen que afectan a casi cualquier miembro de la sociedad desde empresas privadas, industria financiera, usuarios, gobierno, menores de edad, etcétera. La lista es casi interminable, gracias a la astucia e ingenio de los delincuentes y a la impericia de las víctimas, es un círculo vicioso.
Los gobiernos del mundo han empezado a reaccionar ante esta ola de ataques lo cual ha tomado gran relevancia tras las incómodas revelaciones de WikiLeaks y el posicionamiento y fuerza mediática del grupo hacktivista Anonymous.
Quizás esto sea incómodo para muchos, pero a las personas relacionadas con la conservación del orden público tanto gobierno como autoridades internacionales, poderes judiciales y abogados, nos toca la tarea difícil de encontrar medidas legales para frenar esta moda delincuencial en pro de lograr una adecuada seguridad en la sociedad de la información.
Uno de los grandes y destacables avances en la materia fue aquél de 2001 por parte del Consejo Europeo con el Convenio de Budapest en materia de cibercriminalidad que cubre todos los aspectos relevantes de la legislación, como derecho penal, derecho procesal y cooperación internacional y trata con carácter prioritario una política penal contra la ciberdelincuencia. Además ha inspirado a otros países americanos como Estados Unidos y Argentina a armonizar sus leyes locales con este convenio.
Uno de los más recientes fenómenos que tiene preocupada a la sociedad son los ataques de Negación de Servicios y Negación Distribuida de Servicios, mejor conocidos por sus siglas en inglés DoS y DDoS respectivamente que, aunque no son nuevos, han cobrado una nueva personalidad abanderando ideologías políticas y filosóficas, representando un grave riesgo para cualquier gobierno o empresa privada.
En México hemos tenido nuestra propia versión de estos movimientos con "Operación Tequila" que logró su objetivo principal, ser escuchados y demostrar que un grupo de usuarios comunes y corrientes pueden manifestarse virtualmente defendiendo su postura.
Muchas personas argumentan que como tal el ataque de negación de servicio, por su traducción al español, no es un delito que se encuentre tipificado en la legislación penal, sin embargo en legislaciones penales como el Código Penal español que fue reformado el 23 de diciembre de 2010, en su artículo 264 ya se encuentra penalizado este ataque, según se transcribe a continuación:
“1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.”
En fin, para descontento de muchos y para tranquilidad de otros, las legislaciones penales a nivel internacional irán transformándose de tal manera que contemplen cada vez más estas actividades ilícitas relacionadas con sistemas informáticos y, desgraciadamente también los delincuentes irán sofisticando más sus ataques en una especie de cuento de nunca acabar. Sin embargo nuestra misión como auxiliares de la justicia será siempre preservar el bien común y el orden público, y prevenir que esta ciberguerra se expanda a todo el globo terráqueo aunque quizás ya sea demasiado tarde, tenemos la misión de frenar los daños colaterales.
Fuente: Netmediainfo
