14/12/11. La Contraloría estatal realizará una auditoría especial por la compra de videocámaras de vigilancia para seguridad, las cuales se adquirieron con el crédito que autorizó el Congreso del Estado por 1,500 millones de pesos, según se indica en oficio remitido al Legislativo el 29 de noviembre pasado. Lo anterior, luego de que los diputados pidieron la intervención de la dependencia estatal, ante los señalamientos de irregularidades en la adquisición hecha por el Ejecutivo.
A través del oficio DGJ-DASTP-2560/2011, que ingresó al pleno del Congreso a través del listado de comunicaciones en la sesión del jueves pasado (dirigido al secretario general, José Manuel Correa Ceseña), se establece que "en relación al señalamiento de diversos diputados, sobre las presuntas irregularidades de la adquisición de bienes y servicios de 654 videocámaras de vigilancia y su operación, le informo que esta Contraloría del Estado ha iniciado una investigación de oficio al respecto". El documento está firmado por la ex titular de la dependencia, María del Carmen Mendoza.
El 27 de septiembre pasado, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, Sergio Chávez Dávalos, informó que el gobierno del estado había negado también a los diputados la información sobre la compra de las videocámaras, a pesar de que existía el compromiso, cuando se aprobó el crédito, de entregarla. De cualquier forma, el legislador pidió la comparecencia de los secretarios de Gobierno —en ese entonces, Fernando Guzmán Pérez Peláez—, y de Administración, Ricardo Serrano Leyzaola.
Chávez Dávalos afirmó que toda la información que la Secretaría de Gobierno les ha enviado ha sido en términos generales y no sobre cada compra que se ha hecho, como se había acordado.
En documentos que se han hecho públicos, la Secretaría de Gobierno informa a los diputados el monto que se va ejerciendo de cada uno de los rubros del crédito, pero no el destino particular que se le da ni los procesos de compra.
MILENIO JALISCO dio a conocer que el gobierno de Jalisco compró las cámaras 159 por ciento más caras que el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a pesar de que las especificaciones son las mismas.
Según la información que se ha dado a conocer, el gobierno del estado gastó 470 millones de pesos en la compra, instalación y operación de 654 cámaras de videovigilancia que se instalaron en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. Por su parte, el gobierno de San Pedro Garza García invirtió 408 millones de pesos y logró colocar 1,472 aparatos.
El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque solicitó formalmente la información a la Secretaría de Gobierno, pero le fue negada. Tampoco se le proporcionó por la vía de transparencia, con el argumento de que había sido clasificada como "reservada" (MILENIO JALISCO, 13 de diciembre de 2011).
La SSP endosa el asunto a Administración
El secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera, rechazó haber negado información referente a la adquisición de equipos de videovigilancia, debido a que la dependencia a su cargo sólo administra el equipo y no es la encargada de adquirirlo.
En entrevista para MILENIO RADIO, el funcionario estatal destacó que no fue la Secretaría de Seguridad la que decidió clasificar los datos referentes a la adquisición de las cámaras de video que se instalarían en la zona metropolitana de Guadalajara: "Yo no hago las compras, la Secretaría de Seguridad Pública [SSP] no hace las compras. Aquí, en el gobierno del estado, las compras las hace la Secretaría de Administración".
No obstante, en la documentación que entregó al alcalde de Tlaquepaque, Miguel Castro, no hace referencia a ello y, sin embargo, sí desglosó la compra del resto del equipo adquirido para la dependencia.
Nájera criticó al presidente del Instituto de Transparencia, Jorge Gutiérrez Reynaga, de quien dijo que por ser amigo de Miguel Castro, le permitió violentar la ley al aceptar que haya entregado la solicitud de petición de información detallada sobre el crédito de 1,500 millones de pesos para seguridad como funcionario público y no como ciudadano: "Jorge Gutiérrez tiene la obligación de cumplir la ley y se la pasa por el arco del triunfo".
De Miguel Castro, dijo que desvía recursos públicos, al utilizar papelería oficial para solicitar la información que como ciudadano debió pedir y por encomendar a su responsable del área de Transparencia, Miguel Navarro, el hacerse cargo del tema. Además, exigió al alcalde enviar, a la brevedad, al centro de monitoreo a los elementos de la Policía de Tlaquepaque necesarios para hacerse cargo del manejo de las cámaras instaladas en su municipio: "Le hemos enviado oficios y no nos manda la gente al centro policial, tenemos los oficios de recibido aquí".
impreso.milenio.com
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