Estados Unidos. San Francisco, cuna de Silicon Valley, se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir a su gobierno utilizar tecnología de reconocimiento facial.
La prohibición es parte de una ordenanza contra la vigilancia más amplia que la Junta de Supervisores de la ciudad aprobó el pasado 14 de mayo. La ordenanza, que prohíbe el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de la policía y otros departamentos gubernamentales, también podría alentar a otros gobiernos locales a tomar medidas similares. Ocho de los 11 supervisores de la junta votaron a favor de ella; uno votó en contra, y dos que lo apoyan estaban ausentes.
La nueva regla de San Francisco, que entrará en vigencia en un mes, prohíbe el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de los 53 departamentos de la ciudad, incluido el Departamento de Policía de San Francisco, que actualmente no utiliza dicha tecnología, pero sí la probó entre 2013 y 2017. Sin embargo, la ordenanza establece una excepción para las instalaciones controladas por el gobierno federal en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y el Puerto de San Francisco. La ordenanza no impide que las empresas o los residentes utilicen el reconocimiento facial o la tecnología de vigilancia en general, como en sus propias cámaras de seguridad. Y tampoco hace nada para evitar que la policía, por ejemplo, utilice imágenes de la cámara Nest de una persona para ayudar en un caso criminal.
"Todos apoyamos la buena labor policial, pero ninguno de nosotros quiere vivir en un estado policial", dijo a CNN Business el Supervisor de San Francisco, Aaron Peskin, quien presentó el proyecto de ley a principios de este año.
Los críticos a la norma expresaron que, en lugar de centrarse en las prohibiciones, la ciudad debería encontrar formas de elaborar regulaciones que reconozcan la utilidad del reconocimiento facial. “Es ridículo negar el valor de esta tecnología para asegurar aeropuertos e instalaciones fronterizas”, dijo Jonathan Turley, un experto en derecho constitucional de la Universidad George Washington. “Es difícil negar que existe un valor de seguridad pública para esta tecnología”.
Fuente: CNN.
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